Contexto

os encontramos en los años más desafiantes de la historia de la humanidad, y por supuesto del país. No solo por la pandemia, sino por una situación más grave y profunda. El cambio climático nos sitúa en un momento de urgencia y; en consecuencia, la recuperación económica debe ser justa y ecológica, entendiendo las razones zoonóticas que nos llevaron tanto a una pandemia, como las consecuencias de las acciones antropocéntricas que han alterado el clima de manera definitiva y peligrosa para todos quienes habitamos el planeta Tierra. Debemos construir economías de vida y un nuevo paradigma de desarrollo, pensado desde nuestras particularidades y la justicia climática.

Esta grave crisis climática evidenciada por el aumento de frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (sequías – inundaciones), degradación de hábitats, sexta extinción masiva de especies y pérdida de biodiversidad, deforestación y pérdida de bosques primarios, contaminación de fuentes de agua, entre otras, hace evidente la necesidad de combatir el cambio climático ya que la vida misma en el planeta está en riesgo, especialmente la sobrevivencia de la especie humana ya que el planeta continuará su curso aún sin humanos. Rockström (2015) lo ratifica al asegurar que la humanidad ha sobrepasado cuatro de los nueve límites planetarios: el cambio climático, la drástica reducción de la biodiversidad, la explotación perniciosa de la tierra, y los altos niveles de nitrógeno y oxígeno en el ambiente. 

Pese a la pandemia, el 2020 tuvo varios récords de desastres climáticos como incendios, huracanes, y olas de calor. Se ha perdido el 68% de la biodiversidad en los últimos 50 años; aproximadamente 1 de cada 6 especies enfrenta riesgo de extinción debido al cambio climático. En los últimos 50 años se han perdido 46% de todos los árboles que conocía la humanidad y el 20% de la Amazonía. Pese al Acuerdo de París que busca que el planeta no suba a las de 1,5 a 2°C, la sumatoria de todos los compromisos de los países, o NDC, llevaría a un aumento de 3°C de temperatura del planeta para fines de siglo, respecto a los niveles preindustriales. En vez de reducir las emisiones globales a 44 GtCO2e al 2020 como se esperaba tras la Cumbre de CC en Cancún, al 2019, el mundo emitió 59GtCO2e a la atmósfera, lejos de bajar lo que necesitábamos, hemos aumentado las emisiones. 

Ecuador solo emite el 0,15% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial, siendo el sector transporte el que emite el 40%. No obstante, contribuye al cambio climático por sus altas tasas de deforestación, en bosques de altísima importancia ecosistémica. Pese a no ser un gran contaminante, Ecuador sufre las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, en los últimos 20 años, ha perdido entre el 30 y 40% de sus glaciares y está expuesto a inundaciones y alta pérdida de biodiversidad.  Esto significa que la justicia climática debe ser trabajada con criterios de relaciones internacionales, de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, entendiendo que existe una deuda climática y que hay que actuar en beneficio de la casa común que habitamos.

Ante eso, es fundamental la Declaración de Emergencia Climática en el país, para que sea posible realizar políticas y acciones de transformación acordes al desafío. Con relación a  generar políticas públicas que creen un marco normativo que permita enfrentar el cambio climático. También, acciones masivas, multidimensionales y permanentes desde el Estado, para la precaución, prevención, mitigación y adaptación al cambio climático; a partir de, una agenda ambiental co-creada con las organizaciones enfocadas a la defensa de la naturaleza y estructurada mediante especialistas ambientales.

Considerando que el devenir histórico del Ecuador ha implicado lógicas de corrupción y explotación de recursos, que conducen a enormes niveles de deforestación, incumplimiento constitucional, gran desigualdad y mucho más. El país se ha convertido en un lugar peligroso para ser un activista climático y luchar por la vida. Por eso, es necesario implementar efectivamente el acuerdo de Escazú, formando mecanismos de seguridad para defensores de la tierra y activistas climáticos. Por otro lado, el cambio climático no es neutro al género y que sus impactos son desproporcionados en población en situación de pobreza, mayormente mujeres, personas que sufren alguna forma de discriminación, explotación o violencia que limita sus oportunidades para el desarrollo humano. 

Se deben trabajar ejes de acción esenciales: transformar la producción alimentaria, respetando las necesidades del suelo, garantizando la variedad de nutrientes y promoviendo la soberanía alimentaria para todas y todos; estimular una transición hacia energías verdes y sostenibles, así como una transición hacia empleos verdes bajo un enfoque de igualdad de oportunidades para hombres y mujers; proteger la biodiversidad, cuidar y restaurar los bosques, páramos, manglares, ríos; y forjar una educación climática con innovación pedagógica, para que se enseñe la gravedad de la crisis climática y se estimule la creación de proyectos ecológicos. Es decir, promover un cambio de sistema y trabajar con la naturaleza y no contra ella, para combatir el problema geopolítico más importante que enfrenta la humanidad, el cambio climático. 

Los impactos ambientales de la ganadería en el mundo han tomado relevancia en el campo de la investigación del cambio climático debido a su potencial de emisiones de gases de efecto invernadero y por su impacto indirecto sobre otros recursos de uso común. En Ecuador en el año 2010 se realizó el Primer Informe Bienal de actualización donde mencionan que los sectores de Energía (44,49%), USCUSS (30,02%) y Agricultura (18,03%) son los que aportan en mayor medida con las emisiones de Gg CO 2Eq . 

 Mientras que en el análisis de categorías principales se dice que las emisiones más importantes del gas Metano (CH 4 ) en el sector agricultura “provienen de la categoría “Fermentación entérica”, con el 85,54% de las emisiones sectoriales, seguidas de las emisiones de la categoría “Cultivo de arroz”, con el 11,34%.” (INGEI) (MAE, 2016, pp. 68).

 Respecto al uso de fuentes de agua, según Calles (2014) se menciona que “la ganadería en la mayoría de sus formas es responsable del cambio de uso de suelo en todos los ecosistemas del Ecuador”. Según Margulis (2003), en comparación con 1970, el 91 por ciento del incremento del área despejada se ha convertido en pastizal para la ganadería. Orbe (2015) en su artículo señala un estudio realizado en la Universidad Técnica Particular de Loja que concluye que “aproximadamente el 46% de la cubierta forestal original del sur del país se [convirtió] en pastizales y otros tipos de cobertura del suelo”.