Contexto

El cambio climático es una consecuencia de la explotación y uso de recursos fósiles y la agroindustria insostenible, especialmente derivada de  para la producción de energía, para el transporte usada como fuente de energía de elevada densidad. Al 2018 se emitieron 36.800 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles.  Es evidente entonces la necesidad de combatir el cambio climático, a través de la descarbonización de la matriz energética, y seguir la recomendación de la IEA, dejar dos tercios de las reservas probadas de combustibles fósiles en el subsuelo (WEO, 2012). 

 La inversión de capital en minería y, particularmente, en energía, aumentó de manera significativa (Bebbington, 2009). Quienes habitan los territorios cercanos a las empresas extractivas, se encuentran en situación de constante tensión y conflicto. El petróleo en el Ecuador no sembró el tan evocado desarrollo en más de 50 años de explotación y se prevé que tampoco lo hará la minería. Por el contrario, el petróleo y ahora la minería han sido fuente de corrupción, de contaminación, de conflictividad social, empobrecimiento local y de proliferación de otras actividades  como el trabajo sexual y problemas sociales como el alcoholismo  y la violencia basada en género, discriminación o explotación humana. 

Según el catastro minero, las concesiones mineras otorgadas al momento en el Ecuador ocupan el 15% del territorio nacional. El supuesto “boom minero” que podría abarcar más de 30 años de explotación de minerales en el Ecuador (2020-2050 o más) no igualaría a 12 años de ingresos petroleros: a lo sumo los ingresos mineros para el Estado representarían cerca de la tercera parte (el 27,8%) de los ingresos petroleros obtenidos entre 2007-2018 por el sector público no financiero y 65,7% de los ingresos petroleros obtenidos por el gobierno central en ese período. (Acosta et al. 2020)

 En el mejor año de ingresos mineros, el Estado ecuatoriano obtendría US$ 876 millones de la megaminería, monto que ni siquiera cubre un mes promedio de gasto en salarios del sector público no financiero (US$ 890 millones al mes en 2018). De hecho, ese monto apenas representa el 60,5% del impuesto a la renta pagado por los 270 grupos económicos identificados por el SRI en 2017 (que sumó $US 1.447,2 millones). Es decir, si se incrementara el impuesto a la renta a dichos grupos económicos en un 60% sería posible cubrir casi por completo los ingresos que el Estado obtendría en el mejor año de actividad megaminera.  (Acosta et al. 2020).

Es clave reconocer que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas han logrado mantener el agua, el carbono, la biodiversidad, la diversidad genética, etc. gracias a su lucha y protección de sus bosques. Se debe destacar el rol de mujeres, pese a diferentes formas de intimidación y violencia, en la lucha por los derechos de sus territorios.

Es clave priorizar los derechos de la naturaleza, del buen vivir en ambiente sano, y al agua, siempre sobre las actividades extractivista. En donde ya existan estas actividades, monitorear cautelosamente y sancionar infracciones. Y no renovar concesiones o peor ampliar el concesionamiento de nuevas áreas.

La remediación debe ser adecuada y oportuna, tiene que ser calculada en la postulación de cualquier proceso extractivista antes de otorgar una concesión.

Para clausurar algún proyecto, ha de haber un proceso de restauración de parte del concesionario antes que dejar por concluido el contrato de concesión.

Deben existir procesos de mediación para reconciliar comunidades partidas por estos procesos.  Garantizar el ejercicio de los derechos de autonomía y autogobierno de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades

El derecho a la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental vinculantes han de ser ejercidos ANTES de iniciar los procedimientos para otorgar cualquiera concesión, (o sea, voz Y VOTO), consentimiento de las y los afectados ha de ser determinante y jurídicamente vinculante, como lo establece la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por tanto las sentencias de la CIDH (ej. Caso Saramaka, y Caso Sarayaku).

Políticas de regulación de actividades extractivista: Es fundamental establecer mecanismos de cumplimiento de la ley y suprimir cualquier actividad extractivista en Reservas Naturales, Zonas Intangibles y en general en Ecosistemas Frágiles. Pedimos regulación y planes de ejecución efectivos para garantizar la no-contaminación de agua y la no-deforestación.  Creación de un organismo académico de control de las actividades extractivistas que esté unido a la zona de influencia y con incidencia política (asamblea) o unido con la veeduría en coordinación con las comunidades afectadas. Así como la coordinación con el Sistema Nacional Integral para la prevención, atención, protección y reparación a víctimas de violencia de género, en zonas donde donde se llevan a cabo estas actividades, a fin de asegurar el bienestar de niñas y mujeres. 

Gestión del conocimiento: Que permita caracterizar mejor los impactos negativos sobre comunidades, ecosistemas, y la gobernanza y los riesgos que estas actividades implican. Mejorar el conocimiento sobre bienes y servicios de los ecosistemas y su biodiversidad. Entender mejor el rol de los sistemas locales de gobernanza en mantener ecosistemas, garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Identificar alternativas locales de desarrollo sostenible que garanticen los derechos de las comunidades. Ejemplos de buena gestión de conocimiento relativo a biodiversidad como la inversión en biofarmacéutica nacional y los bancos de semillas campesinos y territoriales que brinda libre acceso a genéticas locales que deben ser protegidas, potenciando así mecanismos y modelos de intercambio de saberes adecuados a una gestión  abierta de bioconocimientos.

Fuentes

Acosta, A. , Cajas Guijarro, J. , Hurtado Caicedo, F. y Sacher Freslon, W. (2020). El festín minero del siglo XXI¿Del ocaso petrolero a una pandemia megaminera? Quito: Ediciones Abya-Yala

Constitución de la República del Ecuador – 2008. (Título VII, Capítulo 2º, Art. 395, 396)