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Tema 6
Institucionalidad para la defensa de derechos de la Naturaleza y Defensores
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Contexto
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A raíz de la aprobación de la Constitución de 2008, se generó una alta expectativa por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que, conforme a esta norma, son de directa aplicación. Sin embargo, en la práctica los avances han sido mínimos (y principalmente a través de mecanismos judiciales) por la inexistencia de una institucionalidad adecuada y de no haberse regulado en norma secundaria.
En los últimos años se ha evidenciado un debilitamiento progresivo de la Autoridad Ambiental Nacional, acentuado con la fusión con Secretaría Nacional del Agua -SENAGUA (Decreto Ejecutivo 1007 del 4 de marzo de 2020). Este debilitamiento se refleja no solo en la reducción de los presupuestos institucionales y en la desvinculación de personal – más de 400 personas en el último trimestre del 2020 del MAAE – , sino también en la capacidad y voluntad de control y sanción.
A esto se suma que el ahora Ministerio de Ambiente y Agua, al ser una entidad de la Función Ejecutiva, no es un órgano imparcial de gestión y control, con independencia política, en actividades de extracción de recursos naturales no renovables; sino más bien, funcional a la política extractiva. Se ha visto que actúa de forma coordinada con las entidades públicas e incluso privadas demandadas en algunos procesos donde hay afectación a derechos ambientales y de la naturaleza (por ejemplo, el caso del Bosque Protector Los Cedros, el caso por el derrame de hidrocarburos del 7 de abril, en el caso Mecheros, entre otros). Llegando al extremo de apelar sentencias donde el ganador a sido la Naturaleza.
Además, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y la regulación de competencias de gestión ambiental, los gobiernos locales no tienen las facultades adecuadas para resolver directamente problemas locales ambientales, o en caso de haberlas asumido, no cuentan con los recursos financieros y técnicos suficientes para realizar acciones oportunas. Se añade, por ejemplo, la desarticulación entre instituciones encargadas de generar información ambiental, entre funciones del Estado y distintos niveles de gobierno (información no disponible, desactualizada, sin series temporales, etc.).
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo tiene la atribución de proteger y tutelar los derechos de la naturaleza y de los defensores de derechos humanos; sin embargo, sus resoluciones no tienen ni carácter vinculante ni poder coercitivo.
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Propuestas
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- Co-crear una agenda ambiental nacional con la participación del Ministerio del Ambiente y Agua, así como demás instancias del ámbito público con competencias en la gestión ambiental, y los distintos actores de sociedad civil, academia y sector privado. Este proceso deberá ser abierto, inclusivo y participativo.
- Recuperar instancias interinstitucionales en las que la planificación, gestión y control orienten la gestión ambiental y de derechos de la naturaleza a todas las instituciones del Estado.
- Dotar al Ministerio de Ambiente y Agua de independencia financiera y administrativa, y autonomía en la regularización ambiental de proyectos y actividades extractivas y productivas, su control y aplicación de sanciones administrativas.
- Implementar adecuadamente el Acuerdo de Escazú, priorizando la generación de mecanismos de cooperación y fortalecimiento de capacidades con otros países de la región. Esto implica establecer los mecanismos institucionales, políticos y normativos para garantizar los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental, así como la protección efectiva de los y las defensoras de derechos humanos ambientales. Este proceso ha iniciado en el marco del Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador 2019-2022.
- Garantizar espacios de participación ciudadana adecuados, efectivos y en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en los procesos de generación normativa sobre temas ambientales o con impacto potencial en el medio ambiente.
- Promover la conformación de veedurías ciudadanas y/u observatorios medioambientales para el seguimiento a la gestión ambiental de entidades competentes, empresas y personas; así como a la efectividad de uso de recursos que se destinen a programas ambientales. Apoyar el funcionamiento de las veedurías y observaciones con asistencia técnica, presupuestos y acceso a la información bajo criterios de equidad de género, edad e identidad étnica.
- Impulsar planes de educación ambiental (formales y no formales) con un enfoque experiencial, que priorice: el accionar en territorio (aprendizaje basado en la ejecución de proyectos en campo), el trabajo con comunidades (mingas para recuperación de quebradas, reforestar, etc.), la generación de información sobre impactos ambiental y de cambio climático a través de observaciones (ciencia ciudadana), alfabetización ambiental, y el rescate y difusión de conocimiento sobre flora y fauna endémicas.
- Impulsar campañas comunicacionales que permitan difundir las normas existentes (derechos constitucionales, COA, COOTAD, convenios internacionales), los mecanismos de conservación del patrimonio natural y la gestión ambiental, y las herramientas a disposición de la ciudadanía y defensores de derechos ambientales.
- Impulsar la búsqueda de financiamiento de cooperación internacional que dinamice la economía y permita asegurar recursos económicos para financiar proyectos ambientales, de desarrollo alternativo fundamentados en la bioeconomía, economía azul, etc., que sean ejecutados desde la sociedad civil organizada, las comunidades locales y los gobiernos locales. .
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Preguntas para los y las candidatas
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- ¿Cuál será la función del Ministerio de Ambiente y Agua, será una oficina de licencias ambientales, o un ente de control y regulación del ambiente? ¿Cómo plantea hacerlo?
- ¿Cómo garantizará la independencia del Ministerio del Ambiente y Agua en sus tareas de regularización y control?
- ¿Qué reformas legales e institucionales considera necesarias para fortalecer la gestión ambiental? ¿Cuáles serían las prioridades de gestión?
- ¿Cuál es la prioridad que se dará a la implementación del Acuerdo de Escazú? ¿Se apoyará el proceso de co-construcción que está en marcha en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto?
- ¿Qué acciones se implementarán para garantizar la protección de los defensores del ambiente y los derechos ambientales?
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