Para abordar las problemáticas relacionadas con la gestión del agua en Ecuador, es crucial implementar soluciones integrales que involucren tanto a instituciones gubernamentales como a la sociedad civil. Una de las estrategias fundamentales sería fortalecer la institucionalidad y la gobernanza del agua con enfoque de cuenca, lo que requiere una coordinación efectiva entre agencias como la Armada, el Instituto Nacional de Pesca, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Energética, y los gobiernos locales. Este enfoque mejoraría la gestión de los recursos marino-costeros y ayudaría a combatir la corrupción y el despojo de agua, asegurando que las sanciones por delitos ambientales sean efectivamente aplicadas.

Otra solución vital es el empoderamiento de las comunidades locales, permitiéndoles tomar un rol activo en la gestión del agua. Esto podría incluir la creación de juntas de agua comunitarias con poder de decisión y acción, y la implementación de sistemas de agua descentralizados que integren infraestructura verde-gris. Ejemplos de esto último pueden encontrarse en las comunidades de las islas de manglar del Golfo de Guayaquil, donde sistemas de bajo costo han sido establecidos para almacenar y distribuir agua de manera sostenible. Además, es esencial garantizar el acceso universal al agua potable, especialmente en zonas rurales y municipios pequeños y medianos, adaptando las soluciones a las condiciones locales específicas y promoviendo la inversión restauración ecosistémica integral con enfoque de paisaje para la reparación y conservación de cuencas afectadas por contaminantes industriales y actividades extractivas.

Es crucial la formulación y aprobación de una nueva ley de aguas que aborde de manera integral los retos y necesidades actuales de Ecuador. Esta legislación debe incorporar principios de equidad, sostenibilidad y respeto por los derechos de la naturaleza, asegurando que el agua sea gestionada como un bien público y un derecho humano inalienable. La nueva ley debería promover una gestión pública y comunitaria del agua, prohibir su privatización, y establecer mecanismos claros para la conservación de ecosistemas acuáticos críticos así como el rechazo explícito a las actividades de minería y extracción petrolera en estas zonas para la recarga hídrica.

También es esencial que la ley fomente la participación activa de todas las comunidades, incluidas las indígenas, en la planificación y gestión del agua, estableciendo una autoridad única del agua que sea eficiente, descentralizada y capaz de responder a los desafíos locales con soluciones adaptadas y sostenibles. Esta legislación no solo deberá garantizar el acceso equitativo al agua, sino también fortalecer las bases para una gestión sostenible del recurso a largo plazo.