Modelo Extractivista

Minería y Petróleo

El cambio climático es una consecuencia directa de la explotación insostenible de recursos fósiles y prácticas agroindustriales. Hasta 2024, la emisión continua de CO2 por la quema de combustibles fósiles subraya la urgencia de una descarbonización de la matriz energética. Según las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía, es crucial mantener dos tercios de las reservas probadas de combustibles fósiles en el subsuelo para mitigar los efectos adversos del cambio climático.

En Ecuador, la inversión en minería y energía ha crecido considerablemente, exacerbando las tensiones y conflictos en comunidades cercanas a proyectos extractivos. A pesar de décadas de explotación petrolera, la promesa de desarrollo no se ha materializado; en cambio, se ha enfrentado corrupción, contaminación y empobrecimiento local.

A 2024, las concesiones mineras cubren aproximadamente el 16% del territorio nacional, lo que plantea serios desafíos ambientales y sociales. El supuesto “boom minero” que podría extenderse hasta 2050, ha incrementado las preocupaciones sobre sus efectos a largo plazo. Las zonas de páramo, vitales para la conservación del agua y la biodiversidad, están particularmente en riesgo. Según el Catastro Minero Nacional (2018), hay 164,985 hectáreas de territorio de páramo concesionadas para actividades mineras. Esto pone en peligro 149 microcuencas en la zona sur y 263 microcuencas a nivel nacional, afectando recursos hídricos críticos para comunidades y ecosistemas.

Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas han sido fundamentales en la preservación de estos territorios, manteniendo el agua, el carbono, la biodiversidad y la diversidad genética gracias a su protección activa de los bosques. Sin embargo, continúan enfrentando amenazas debido a la expansión de la minería. El papel de las mujeres en estas comunidades es crucial, enfrentando intimidación y violencia en su lucha por los derechos sobre sus territorios.

Ante estos desafíos, es imperativo implementar políticas que mitiguen los impactos de la minería y promuevan un desarrollo más sostenible y justo, asegurando la protección de los ecosistemas críticos y las comunidades que dependen de ellos.

Datos de interés

Soluciones

En respuesta a los desafíos planteados por la minería y otras actividades extractivas, es esencial priorizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano para todos los ecuatorianos. A continuación, se presentan varias medidas clave para asegurar una gestión sostenible y responsable:

Descubre las soluciones propuestas

Dar prioridad a los derechos de la naturaleza, al buen vivir y al acceso al agua por encima de las actividades extractivas. Esto incluye el monitoreo riguroso de las operaciones existentes, con sanciones efectivas por infracciones y la no renovación o expansión de concesiones en nuevas áreas.

Cualquier actividad extractiva debe incluir un plan detallado y financieramente respaldado para la remediación ambiental antes de otorgar una concesión. Además, se requiere que los concesionarios ejecuten un proceso de restauración completa antes de finalizar cualquier contrato.

La consulta previa, libre e informada, junto con la consulta ambiental, debe ser vinculante y realizarse antes de iniciar cualquier procedimiento para otorgar concesiones. El consentimiento de las comunidades afectadas debe ser un requisito determinante y jurídicamente vinculante, en línea con la Constitución de Ecuador y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Es crucial establecer políticas efectivas que prohíban actividades extractivas en Reservas Naturales, Zonas Intangibles y Ecosistemas Frágiles. Se propone la creación de un organismo académico que controle las actividades extractivas en coordinación con las comunidades afectadas y con incidencia política. Adicionalmente, debe fomentarse la gestión del conocimiento para caracterizar los impactos de estas actividades, mejorar la comprensión de los servicios ecosistémicos y promover alternativas locales de desarrollo sostenible.

Las políticas deben garantizar el ejercicio de los derechos de autonomía y autogobierno de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, incluyendo el apoyo a iniciativas como bancos de semillas campesinas y el intercambio de conocimientos biodiversos, que fortalezcan la soberanía y seguridad alimentaria.

Estas soluciones representan un marco integral para abordar los retos impuestos por las actividades extractivas, asegurando el respeto por los derechos ambientales y humanos, y promoviendo un desarrollo más justo y sostenible.

Preguntas

¿Qué alternativas al extractivismo propone su gobierno para transitar hacia una economía post-extractivista y cuál es la estrategia para abordar los conflictos socioambientales derivados de actividades extractivas, como la minería y el petróleo, en zonas vulnerables del Ecuador?

¿Cómo se compromete su gobierno a cumplir con los resultados de las consultas populares realizadas el 20 de agosto de 2023, que demandan detener las actividades extractivas en el bloque ITT del Yasuní y en el Chocó Andino del DMQ, considerando que ambas áreas, al igual que las Galápagos, son Reservas de la Biosfera reconocidas bajo tratados internacionales?

¿Su gobierno abrirá la posibilidad para nuevas licitaciones y concesiones de minería metálica en el país?

¿Su gobierno permitirá la explotación minera en zonas de recarga hídrica?

Dada la cercanía entre el narcotráfico y la minería ilegal que ha permeado las instituciones públicas como los ministerios, la policía y el ejército, así como los graves impactos sociales y ambientales de esta actividad, ¿cuál es su plan o estrategia concreta para controlar y eliminar la minería ilegal en territorio y en todos los entes del estado?