Democracia Ambiental y Derecho a la Consulta

Voluntad política para asegurar una verdadera democracia ambiental en Ecuador.

En Ecuador, la promesa de la Constitución de 2008 de reconocer y aplicar directamente los derechos de la naturaleza ha generado expectativas significativas. Sin embargo, la práctica ha mostrado avances limitados, dependiendo en gran medida de acciones judiciales en ausencia de una institucionalidad adecuada y regulaciones secundarias específicas. Este escenario se desarrolla en un contexto de debilitamiento democrático, donde el desánimo social y las críticas a las políticas ambientales irresponsables son cada vez más evidentes.

El derecho a la consulta previa y al consentimiento informado está ampliamente respaldado por marcos tanto nacionales como internacionales, incluyendo la Constitución de Ecuador, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de ello, la implementación efectiva de este derecho ha sido una lucha constante, con varios gobiernos violando sistemáticamente estas disposiciones, como se evidenció en casos emblemáticos como el de Sarayaku frente a la Corte Interamericana en 2012; de la Corte Constitucional en 2010 sobre la constitucionalidad de Ley Minera; y en 2020, sobre inconstitucionalidad de Acuerdo Ministerial del MAE 080 de 2010.

Con la ratificación del Acuerdo de Escazú en 2019, Ecuador ha reforzado su compromiso con la democracia ambiental, buscando mejorar la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo es fundamental para fortalecer las capacidades de las comunidades para participar activamente en decisiones que impactan sus vidas y proteger a los defensores ambientales, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

A nivel nacional, las consultas populares como las del Yasuní y el Chocó Andino, impulsadas por ciudadanos organizados, reflejan un esfuerzo por promover la transparencia y la legitimidad de las decisiones ambientales. Sin embargo, la falta de acatamiento a estos mandatos populares revela una brecha significativa entre las expectativas de participación ciudadana y la realidad política, lo que subraya la necesidad urgente de fortalecer la institucionalidad y la voluntad política para asegurar una verdadera democracia ambiental en Ecuador.

Datos de interés

Soluciones

Para enfrentar los desafíos ambientales y democráticos en Ecuador, se propone una serie de medidas integradas que fomentan la participación, la transparencia y la eficacia en la gestión ambiental:

Descubre las soluciones propuestas

Involucrar activamente al Ministerio del Ambiente (MAATE), otras entidades gubernamentales, la sociedad civil, la academia y el sector privado en la formulación de una agenda ambiental abierta e inclusiva. Este proceso debe ser altamente participativo, asegurando la representación equitativa de todos los sectores.

Revitalizar las instancias interinstitucionales para que la planificación, gestión y control ambiental sean coherentes y eficaces a través de todas las instituciones del Estado. Además, proporcionar al MAATE independencia financiera y administrativa para mejorar la regulación y supervisión de proyectos y actividades que impacten el ambiente.

Priorizar la operacionalización del Acuerdo de Escazú mediante la creación de mecanismos que garanticen el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en temas ambientales. Además, asegurar la protección efectiva de los defensores de derechos humanos ambientales.

Veedurías Ciudadanas y Observatorios Ambientales: Fomentar la formación de estos grupos para monitorear la gestión ambiental del Estado y de las empresas, apoyados con asistencia técnica y acceso equitativo a la información.

Buscar activamente financiamiento de cooperación internacional para apoyar proyectos que promuevan un desarrollo alternativo sostenible, ejecutados por la sociedad civil organizada, comunidades locales y gobiernos locales.

Estas propuestas están diseñadas para fortalecer la democracia ambiental en Ecuador, promover la participación comunitaria en la gestión ambiental y mejorar la protección y conservación de los recursos naturales y los derechos de la naturaleza.

Preguntas

¿Cómo garantizará su gobierno la institucionalidad ambiental, específicamente relacionada con funciones, independencia, transparencia y reformas del MAATE, que asegure la gestión ambiental en el país, así como la implementación del Acuerdo de Escazú con el fin de proteger a las personas defensoras de la naturaleza y promover la participación ciudadana en la construcción de la política pública ambiental?

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