Soberanía Alimentaria y Modelo Agroalimentario.

Derecho a consumir alimentos sanos

En Frente al Ambiente, tenemos un compromiso profundo con la soberanía alimentaria,  entendida como el derecho de las personas, comunidades y países a producir, distribuir y consumir alimentos sanos, nutritivos, lo cual implica situar a los campesinos, agricultores en el centro del sistema agroalimentario, priorizando la alimentación como un derecho. Un eje central de esta propuesta, es la autonomía productiva, para alcanzarla es indispensable el acceso a los recursos (tierra, agua, semillas) y la producción agroecológica.

La Constitución, en su artículo 281, establece que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico y responsabilidad del Estado. Para garantizar, el Estado promoverá la producción agropecuaria diversificada y sustentable, priorizando a los pequeños y medianos agricultores, comunidades campesinas e indígenas, afroecuatorianas y montubias. Asimismo, fomentará la redistribución de tierras productivas, el acceso al agua, el uso y la conservación de la agrobiodiversidad. Además, establece que se deben proteger los saberes ancestrales relacionados con la producción agrícola y garantizar precios justos para los productos del campo. Esto se complementa con la promoción del consumo de alimentos sanos y culturalmente apropiados para toda la población.

Sin embargo, las políticas estatales favorecen la agricultura agroindustrial basada en el uso  de maquinaria, fertilizantes químicos, pesticidas y monocultivos. Este tipo de agricultura desempeña un papel crucial en la crisis agroalimentaria y ecológica actual. Es responsable del 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (FAO, 2011). Ha deteriorado las funciones ecosistémicas, provocado el 75% de la destrucción de suelos y 70% de la diversidad biológica.  Este modelo tampoco ha respondido a los problemas de hambre, pobreza, inequidad social.

En Ecuador, la inseguridad alimentaria afecta a entre 2 y 4 habitantes de cada 10 en Ecuador, cifra que durante los primeros años de la pandemia de COVID-19 fue más crítica. Según datos de la FAO, en 2022, el 12,7% de la población experimentó inseguridad alimentaria grave, y el 36,9% inseguridad alimentaria moderada. Estos números reflejan una crisis que contradice el objetivo estratégico del Estado ecuatoriano de garantizar la soberanía alimentaria a través de un régimen agroalimentario justo.

En el país, el hambre, no es solo un problema de acceso a alimentos nutritivos, sino que también responde a la permanencia de una estructura agraria inequitativa caracterizada por una alta concentración de la tierra y el agua. A esto se suma una estructura de poder desequilibrada dentro del régimen agroalimentario. A pesar de contar con casi un millón de unidades agropecuarias, los eslabones de la cadena alimentaria están dominados por corporaciones, desde la producción de semillas hasta la comercialización y consumo, dejando poco espacio para los productores locales, y la agricultura familiar y campesina y sobre todo la agroecológica.

El Estado tiene la obligación de proteger, garantizar y respetar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Sin embargo, los gobiernos no han respondido a este deber y, además de que existe una reducción del presupuesto para la agricultura, de USD 339.278 millones en 2015 a USD 120.200 millones en 2023, mantienen el apoyo a la agricultura industrial, afectando la producción de alimentos destinados al consumo interno. Enfrentamos una realidad sombría: menos tierra cosechada para alimentos locales y nutritivos, una diversidad agroalimentaria en declive y un aumento en el uso de agroquímicos perjudiciales.

A pesar de que existe un marco normativo en Ecuador que garantiza el derecho humano a la alimentación; las políticas públicas y el control corporativo del sistema agroalimentario están exacerbando el hambre, especialmente entre las clases populares.

Desde los años 60, el uso del suelo en Ecuador ha favorecido la producción destinada a los mercados externos en lugar del consumo local, aumentando la dependencia de insumos agroquímicos, causando deforestación y contaminación.

Datos de interés

Soluciones

La Agricultura Familiar Campesina (AFC) en Ecuador es clave para la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible, proporcionando más del 60% de los alimentos del país y preservando la agrobiodiversidad en solo el 17% de la superficie agrícola. La transición hacia sistemas agroecológicos, que combinan conocimientos tradicionales y científicos, es fundamental para enfrentar desafíos como el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Aunque la falta de políticas públicas limita su expansión, iniciativas locales como biofábricas y mercados agroecológicos fomentan la biodiversidad, el comercio justo y la conexión campo-ciudad. Fortalecer políticas de apoyo asegurará un futuro sostenible para Ecuador, priorizando alimentos saludables y empleos dignos. 

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En Ecuador, la Agricultura Familiar Campesina (AFC) constituye un soporte fundamental para la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible del país. Representando aproximadamente el 85% de las unidades de producción agropecuaria, estas familias no solo preservan la diversidad agrícola, sino que también son responsables de generar cerca de 1.5 millones de empleos, evidenciando su papel crucial en la economía nacional.

Es indispensable avanzar en la redistribución de la tierra, el agua y apoyar la transición a la agroecología, La agroecología favorece la autonomía productiva, el control desde la siembra hasta la comercialización.

La agroecología, que integra conocimientos científicos, tecnológicos y tradicionales, se presenta como una respuesta integral al promover prácticas sostenibles que respetan tanto la naturaleza como las culturas locales. Esta práctica busca transformar los sistemas agroalimentarios, haciéndolos más resilientes y adaptativos a los desafíos actuales, incluyendo el cambio climático y la inseguridad alimentaria.

A pesar de su potencial, la adopción de la agroecología en Ecuador enfrenta desafíos, especialmente por la falta de políticas públicas que prioricen este enfoque. Sin embargo, las iniciativas locales han logrado avances significativos, como la creación de biofábricas y mercados locales que facilitan el acceso a alimentos saludables y sostenibles. Es crucial que se fortalezcan las políticas y programas de apoyo que faciliten su expansión. Esto no solo asegurará la producción de alimentos, sino que también promoverá el comercio justo y empleos dignos, especialmente para las nuevas generaciones en áreas rurales.

En este sentido, el gobierno y las instituciones relevantes están llamados a implementar políticas en favor de la soberanía alimentaria e integrar la agroecología en el núcleo de las políticas agrícolas, tal como lo establece la Constitución. Esto no solo beneficiará a las actuales familias campesinas, sino que también garantizará un futuro alimentario seguro y sostenible para todos los ecuatorianos.

Preguntas

Datos de interés

¿Qué medidas implementará su gobierno para promover la agroecología y los circuitos cortos de comercialización, garantizando precios justos para los productores, acceso a alimentos sanos y nutritivos para la población, y fomentando la cultura alimentaria tradicional en Ecuador? ¿Qué incentivos propondría desde su administración para que las y los jóvenes encuentren oportunidades de vida en el campo, contribuyendo a evitar la migración, que se involucren en pandillas y promover empleo digno con modelos agroalimentarios sostenibles?

Usted conoce que el sector agropecuario está compuesto de TRES, subsectores: agroexportación, agroindustria y producción interna de alimentos. ¿Qué políticas concretas implementará su gobierno para garantizar la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y campesina, priorizando el acceso a tierras, agua, protección de la agrobiodiversidad y el  acceso a mercados locales para pequeños agricultores, campesinos y comunidades indígenas, en concordancia con el artículo 281 de la Constitución?

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