Los desarrollos legislativos recientes, como los diversos proyectos de Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado presentados en 2024, subrayan la necesidad imperativa de incorporar las voces de estas comunidades en todas las etapas del proceso legislativo. La propuesta de ley de la Asamblea, así como la iniciativa entregada por la Conaie, destacan un marco regulatorio que no solo busca la consulta, sino que también enfatiza el consentimiento real y efectivo de las comunidades afectadas antes de la implementación de proyectos que impacten sus territorios y formas de vida​.

Garantizar este derecho representaría un avance significativo hacia la protección de sus territorios y derechos, asegurando que cualquier actividad de desarrollo se alinee con sus intereses y preserve su integridad cultural y ambiental.

Es fundamental que estas propuestas legislativas no se limiten a un mero trámite administrativo, sino que se traduzcan en un compromiso genuino para construir políticas que reflejen las necesidades y prioridades de las poblaciones indígenas y minoritarias. El diálogo inclusivo y transparente, la participación equitativa en la toma de decisiones y el respeto por el consentimiento de las comunidades deben ser principios rectores en la regulación de la consulta previa, como lo establece el manual emitido por el ejecutivo, aunque este señala que los resultados de la consulta no son vinculantes​.

Estos esfuerzos deben ser acompañados de garantías de que los proyectos de ley no solo se promulguen, sino que se implementen efectivamente, respetando los derechos fundamentales y contribuyendo al cierre de brechas de desigualdad históricamente arraigadas. Así, la legislación no solo cumplirá con normativas nacionales e internacionales, sino que también fortalecerá la democracia participativa y el desarrollo sostenible en Ecuador.